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Propuesta de Reforma de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

(Proyecto de Ley para la Supresión de Monopolios, Ilícitos y Delitos Económicos)

 
 
Marco normativo de PROCOMPETENCIA
Razones para derogar la vigente Ley

 

Constitucionalmente, el Estado está obligado a regular la economía para asegurar el desarrollo humano integral de las venezolanas y los venezolanos. En tal sentido, debe reforzar su papel en materia de:
  • Prohibición y sanción de conductas y prácticas monopólicas, duopólicas, oligopólicas, abuso de posición de dominio, demandas concentradas, acaparamiento, especulación, usura y en general cualquier otra práctica económica engañosa o fraudulenta.
  • Evitar la concentración del capital.
  • Propiciar a las actoras y los actores del sistema productivo y comercial, las condiciones efectivas de inserción y participación con igualdad en la actividad económica.
  • Fortalecer la protección a la industria nacional, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las empresas de producción social, las cooperativas, las empresas de propiedad social, las empresas de propiedad comunal y cualquier otra forma de asociación económica alternativa, a los fines de construir un modelo productivo que responda primordialmente a la satisfacción de las necesidades humanas y esté menos subordinado a la reproducción del capital.

Por las razones expuestas se hace necesario derogar la vigente ley y promulgar un nuevo instrumento normativo que responda al horizonte que se está construyendo actualmente en el país. En este sentido, Procompetencia elaboró una propuesta de ley, teniendo como referencia los informes producidos por la Asamblea Nacional durante los años 2006-2007, período en el cual se discutió un proyecto de ley denominado Ley Antimonopolio, Antioligopolio y la Promoción de la Justa Competencia.

 

Instrumento Legal Propuesto
Ley para la Supresión de Monopolios, Ilícitos y Delitos Económicos
Propósitos de esta nueva normativa son:

  • Desarrollar, de la manera más integral posible, los principios constitucionales referidos al régimen socio-económico y la función del Estado en la economía, en el contexto de la transición socialista.
  • Promover la democratización de la actividad económica productiva, con igualdad social, a los fines de fortalecer la soberanía nacional y construir el desarrollo endógeno sostenible y sustentable.
  • Propiciar la generación y el fortalecimiento de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo en condiciones de igualdad y cuya base fundamental sea la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas.
  • Combatir cualquier práctica que impida, restrinja o falsee las condiciones efectivas de participación con igualdad en la actividad económica. En este sentido, la propuesta precisa exhaustivamente los supuestos sancionables, crea nuevos mecanismos para evitar la impunidad en materia de ilícitos y delitos económicos, contiene medidas para prevenirlos y es un instrumento más contundente para la aplicación de sanciones, en caso que los procedimientos así lo determinen. Así mismo, garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso.
 

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